RESPECTO DE CENTROS EDUCATIVOS MOROSOS CON CCSS y JUPEMA

La Asociación de Centros Educativos Privados de Costa Rica (ACEP) comparte la indignación de la ciudadanía en general respecto de la información que se ha hecho pública y que detalla los nombres de instituciones educativas que se encuentran morosas en el pago de sus obligaciones con la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (JUPEMA).

Consideramos que los centros educativos privados, así como cualquier otra empresa o asociación del país debe cumplir responsablemente –a tiempo y a cabalidad– con sus obligaciones patronales, por el bien de sus colaboradores y de la continuidad del servicio que prestan.

Al mismo tiempo consideramos que, por el manejo que se la ha dado a la noticia, se podría entender que ésta es una práctica difundida en el sector educativo, cuando es todo lo contrario. La mayoría de los centros educativos privados estamos al día con todas nuestras obligaciones con el Estado.

Urgimos a las autoridades competentes a tomar las medidas que les concede la legislación nacional en estos casos, con intención de asegurar que los trabajadores de estas organizaciones puedan acceder a la atención médica y a la pensión que merecen, y que en este momento se encuentran en riesgo.

Felicitamos a nuestros asociados que cada mes hacen el esfuerzo diligente y responsable de pagar puntualmente las cargas sociales y contribuciones obligatorias de sus planillas. Sabemos que el aporte adicional al salario por parte de los patronos de 32.75% y las retenciones del 15% del ingreso bruto de los empleados representan una erogación importante en sus gastos operativos mensuales, pero aplaudimos su compromiso de garantizar los derechos de sus funcionarios y los servicios educativos que proveen a sus estudiantes.

Coincidimos en la molestia que genera el tener que competir en clara desventaja con las escuelas morosas, que al hacer caso omiso a sus obligaciones laborales, pueden ofrecer tarifas de colegiatura sumamente atractivas a los padres de familia, que ignoran las condiciones en que trabajan los maestros de sus hijos y desconocen también las consecuencias que podrían enfrentar los propios estudiantes, si los entes gubernamentales ejercen la fiscalización adecuada y aplican las medidas sancionatorias que corresponden.

Reiteramos nuestro compromiso de proveer educación de calidad en nuestros centros educativos asociados, empezando con dar el ejemplo de respeto de los derechos de nuestros alumnos y trabajadores.