Pronunciamiento ACEP con respecto a Colypro

Estimados Asociados: Con la responsabilidad que caracteriza a nuestra Asociación y ante las numerosas consultas recibidas por parte de diferentes instituciones, procedemos a brindar el pronunciamiento de ACEP con respecto a la reiterada insistencia del Colegio de Licenciados y Profesores de la obligatoriedad de los centros privados de presentar documentación. Es importante que cada institución instruya adecuadamente a su personal con respecto tanto a este tema como a otros que se presentan con la Dirección de Centros Privados. A continuación, el criterio legal: a)- En relación a la solicitud, que emana del Colegio de Licenciados y Profesores, en la cual hace escrito de forma masiva a instituciones privados solicitando a la representación legal o patronal información sobre la cantidad de educadores que laboran en el centro así como el grado académico que ostentan, se considera lo siguente: Esta solicitud carece de legalidad, toda vez que quien lo solicita, entiéndase COLYPRO, no tiene la facultad, ni existe ninguna relación jurídico comercial, civil o laboral entre las partes. Además, no existe subordinación jurídica en ningún ámbito, ni dependencia entre las partes. De ahí que la solicitud es arbitraria ya que se toman atribuciones, para lo cual no se encuentra sustento jurídico para realizar tal solicitud en el carácter específico a que se refieren en la misma.

b)- Los colegios privados, ya de pleno derecho son supervisados con base a la ley por la Dirección de Educación Privada (DEP); dependencia del Ministerio de Educación Pública, órgano técnico y administrativo responsable de la acreditación, supervisión, fiscalización, inspección y control de los centros educativos privados, desde la Educación Preescolar hasta la Enseñanza Diversificada en todas sus modalidades, así como de los Centros de Atención Integral para Personas Adultas con Discapacidad” (CAIPAD). Es por tanto, la misma Constitución Política la que le brinda esa competencia, y en ningún articulado del ordenamiento jurídico costarricense se indica que el Colegio de Licenciados y Profesores tenga los mismos alcances que la Constitución le proporciona al Estado. c)- Es importante acotar que bajo resolución No 2010 -004183 de la doce horas y treinta minutos, del veintiséis de febrero del dos mil diez, de la Sala Constitucional, es claro por este órgano constitucional que determina; que no existe un vínculo jurídico o de facto, entre el representante de la institución que se acciona y el recurrido (menciona la relación entre un colegio privado y COLYPRO) / lo citado entre paréntesis no es de su original/, sigue indicando el órgano constitucional en este voto, que se trata de personas jurídicas de distintas características, sin relación alguna de subordinación o dependencia. El hecho que el Colegio de Licenciados y Profesores en letras, filosofía, ciencias y artes cuente con agremiados, que eventualmente desempeñen su profesión en el Colegio, propiedad de la sociedad anónima accionada, no implica otorgarle los poderes de vigilancia que reclama. La reacción que podría tener el Colegio de Licenciados respecto de sus agremiados, rige respecto denuncias individuales y en el marco de sus competencias, ni su ley orgánica, ni ninguna disposición jurídica le confiere ese margen de acción.

d)- En referencia al voto anterior, es claro que si el Colegio de Licenciados y Profesores en letras, filosofía, ciencias y artes, requiere solicitar algún requisito de alguno de sus agremiados o profesionales: docentes, administrativo o técnico docente, debe realizarlo de forma individualizada, pero no acudir en su solicitud, ante una representación privada, para que indique ni la cantidad de educadores que laboran en el centro educativo ni el grado académico que poseen, para lo cual se reitera que la ley no le faculta en lo especifico para esa solicitud. e)- Por otra parte, emite un acto administrativo temerario y arbitrario hacia la representación de cualquier colegio privado, incluso consignando o mencionando de forma impositiva el artículo 315 del Código Penal, aduciendo o dejando entender con este articulado de forma semántica, posibles conductas delictivas. Todo esto en nada colabora o ayuda a fortalecer las buenas relaciones que puedan existir en el presente o futuro entre las partes. f)- Es de importancia acotar que el COLYPRO cita el artículo 79 de la Constitución Política, en el cual se indica, se debe garantizar la libertad de enseñanza y no obstante todo centro privado estará bajo la inspección del Estado. Ahora bien, es de entender que si este colegio profesional requiere investigar, fiscalizar o indagar alguno de sus agremiados o docentes lo debe hacer de forma individualizada o lo podría solicitar a la persona que quiere indagar o podrá acudir a la instancia que el marco jurídico del Estado costarricense, que por ley sí está facultada para solicitar dicha información.

En consecuencia, el Estado valorará si es accesible, público o no, lo que COLYPRO podría eventualmente solicitar y en ese sentido , se reitera, sería ante la Dirección de Centros Privados, instancia ministerial que determinaría si lo concede la información o no, por lo que es improcedente acudir a mecanismos totalmente deslegitimados por parte de COLYPRO el que se solicite por escrito a la representación de cada Colegio privado de manera o con tonos amenazantes en relación a lo precitado en su escrito. Esta actitud podría por el contrario, generar argumentos de peso para acudir a instancias judiciales para ejercer violentación de derechos vulnerados en el ámbito de la figura jurídica privada. g)- Por otra parte la ley orgánica 4770 del Colegio de Licenciados y profesores en letras y filosofía, ciencias y artes, en ninguno de sus articulados, indica que ellos tengan la potestad jurídica de acceder, fiscalizar y tener los poderes de vigilancia ante una representación jurídica de un Colegio privado, mucho menos imponiendo términos o plazos perentorios de tiempo en el cual se deba cumplir con lo solicitado; por lo tanto está claro que la ley no les faculta a solicitar asuntos que podrían encajar en competencia meramente privada, dado que no existe relación alguna entre ambas figuras jurídicas ni laboral , civil o comercial.

h)- Que la información que se le pueda entregar a la solicitud del Colegio de Profesores en letras y filosofía, ciencias y artes, si a bien cada institución lo considere y desee, será de mera colaboración y de buena fe, 3 pero nunca con trascendencia a un ámbito impositivo u obligatorio en los términos que lo solicitan en específico. i) Es importante acotar, que cada colegio privado, en su rol de control interno, fiscalice, que sus educadores ostenten con los requisitos de legalidad, para el ejercicio de su área del saber; esto de acuerdo a lo que establece el ordenamiento jurídico costarricense y es claro que cada institución a principios de cada curso lectivo de forma eficiente y eficaz presenta ante el ente del Poder Ejecutivo y del Estado los aspectos legalidad que se establecen. Se refiere a la Dirección de Centros Privados. Básicamente, de acuerdo a lo anterior, nuestros asociados deben tener claro que no se está incurriendo en incumplimiento alguno si se declina presentar esta información a COLYPRO; esto en virtud de tal y como en reiteradas partes del texto anterior se menciona, dicho ente no tiene la potestad de fiscalización sobre la educación privada.

Se les invita para que esta información sea compartido con los respectivos directores y personal a cargo de recibir las visitas de externos para que sea un criterio unificado. Todo centro educativo privado es fiscalizado por el Estado a través de la Dirección de Centros Privados y de acuerdo a lo establecido en el decreto 24017-MEP. Asimismo, les invitamos a revisar, conocer y tener a mano, el voto de la Sala Constitucional 3550 del 24 de noviembre de 1992, mismo que contiene información relevante para todo Director de un Centro Educativo Privado.

Decreto Ejecutivo Nº 24017-MEP, Reglamento Sobre Centros Docentes Privados

El Decreto No.24017 establece procedimientos, en cuya virtud se oficializan, equiparan, certifican y acreditan los estudios realizados en los Centros Docentes Privados y se norma el ejercicio de la inspección dictada en el artículo 79 de la Constitución Política de Costa Rica. A sus órdenes y saludo cordial, Junta Directiva ACEP

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