La reforma fiscal y la educación privada

Costa Rica cumple 17 años tratando de resolver la complicada situación fiscal. Después de otro intenso debate social y un procedimiento especial en la lupa constitucional, el proyecto de ley No. 20.580, llamado “Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas” avanzó exitosamente a la siguiente etapa legislativa y constituye la principal herramienta que tiene el Gobierno de la República para contener las consecuencias del déficit fiscal.

La propuesta ha sido objeto de análisis, objeciones y críticas, sin embargo, el gobierno de turno defiende que el proyecto de ley es una reforma necesaria, responsable y progresiva, por cuanto el peso importante del plan fiscal recae en los sectores de mayor ingreso. En ese sentido, el deber constitucional de contribuir con los gastos del Estado atañe a todos, y el sector educación no es ajeno a ese llamado.

En 2017, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico destacó al país como líder en inversión educativa en América Latina. Según el informe, los costarricenses destinamos el 8,3% (incluyendo el gasto privado) del Producto Interno Bruto (PIB) a la educación, mientras que el promedio de países miembros oscila entre 5,2%. No es de asombrarse, dicho porcentaje responde a múltiples políticas públicas instituidas desde la Constitución Política de 1949, cuando se estableció la enseñanza primaria, preescolar y secundaria como gratuitas y costeadas por la Nación.

Sin embargo, no es secreto que la tarea estatal de garantizar una educación de alta calidad a la población ha sido una dura faena de cumplir. Ante ello, la educación privada, permitida desde 1870 (únicamente primaria y secundaria), ha significado un apoyo importante en la formación académica de los ciudadanos. No en vano se ha dicho que: “La educación privada se ha desarrollado en respuesta a las cambiantes necesidades económicas y sociales, a falta de financiamiento público, a la lentitud de los gobiernos para reaccionar frente a las nuevas necesidades, y en algunos casos, debido a decisiones gubernamentales de fomentar las actividades del sector privado. (Wolff, González y Navarro 2002).

Ahora, el sector educación, y especialmente la educación privada afronta nuevos retos ante la sobrevenida situación fiscal. Tanto en su modalidad pública como privada, la aprobación del proyecto de ley acarrea cambios importantes en materia educacional-tributaria. De ahí que repasemos algunas disposiciones y sus efectos, tanto para los centros y profesionales que brinden servicios de educación privada como para los hogares costarricenses.

En breves palabras, la iniciativa de ley se divide en cuatro partes, siendo atinentes a lo que venimos explicando, las dos primeras, a saber: la implementación del impuesto al valor agregado (IVA) y las reformas en el impuesto a la renta. En cuanto al primer impuesto (IVA), el texto establece una tarifa del genérica del 13% en la venta de bienes y en la prestación de servicios que se den dentro del territorio nacional. Sin embargo, por voluntad de los legisladores, la prestación de servicios de educación privada quedó gravada con una tarifa menor del 2%.

Aunque el asunto parece claro, no lo está. De manera inconexa, dentro de las dispensas al pago de este impuesto se encuentra la siguiente, cito: “Están exentos del pago de este impuesto (…) 31. los servicios de educación privada, preescolar, primaria, secundaria, universitaria, parauniversitaria y técnica” (Proyecto de ley No. 20580).  Por lo que de forma clara el proyecto se contradice, por un lado, el artículo octavo de la reforma establece una exención total (tipo 0%) mientras que el artículo 11 establece una tarifa del 2% a cualquier servicio de educación privada, lo que vislumbra, desde ahora, situaciones de duda.

Continuando con el impacto de la implementación del impuesto al valor agregado, la canasta básica es otro aspecto que debe ser considerado por los hogares costarricenses. Recordemos que por canasta básica debemos entender lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo No. 14082-H de 29 de noviembre de 1982 y sus reformas posteriores. Dicho documento establece no solo alimentos sino que también comprende bienes esenciales para la educación, a saber: antologías para fines educativos, bolígrafos desechables, borradores, pinturas tipo témperas, compás, crayones, cuadernos, diarios y periódicos, diccionarios, enciclopedias, escuadras, goma, hojas de papel, lápices (mina negra y de color), libros de textos para educación universitaria, preparatoria, parauniversitaria, primaria, secundaria, libros de prácticas y ejercicios teóricos, plastilina, reglas escolares, tajadores, y tizas en barra.

Este conglomerado de mercancías tendrá una tarifa diferenciada del 1% en el impuesto al valor agregado. Sin embargo, se debe considerar dos elementos: primero, una vez en vigencia la ley, la canasta básica continuará exenta de este impuesto por un año, y segundo, el Ministerio de Hacienda en conjunto con el Ministerio de Economía, Industria y Comercio redefinirán y actualizarán la lista de la canasta básica actual. Hasta entonces seguirá vigente lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo No. 14082-H. Finalmente, es importante acotar que el transporte de estudiantes queda exonerado en lo relativo al IVA.

Por otro lado, como se indicó líneas arriba, la reforma tributaria también introduce cambios en el impuesto a la renta. En lo que concierne al sector de la educación privada, debe considerarse que muchos centros educativos operan bajo distintas figuras jurídicas y podrían ver modificado su tratamiento fiscal. Por ejemplo, aquellos centros que se encuentren constituidos como sociedades anónimas, asociaciones o fundaciones quedarán sometidas al pago del impuesto con tarifas entre el 5% el 20%, dependiendo de la renta bruta que genere el centro educativo. El proyecto prevé una excepción a esta norma, la cual consiste en que las asociaciones y las fundaciones no estarán sujetas al pago de este impuesto siempre y cuando sus ingresos y su patrimonio se destinen en su totalidad para fines públicos o de beneficencia. En sentido contrario, aquellas que realizan actividades lucrativas de forma parcial, estarán gravadas en la proporción de esas actividades.

Asimismo, en la dinámica de la educación privada es frecuente ver que varios centros educativos cuentan con su propia asociación solidarista, por lo es relevante indicar que los rendimientos de tales asociaciones estarán sujetos a una tarifa del 8% si sobrepasan el 50% de un salario base. Mientras que lo repartido a sus asociados, quedará sujeto con tarifas de 5%, 7% o 10% dependiendo de la utilidad repartida.

En conclusión, el impacto de la reforma fiscal en el sector educación, y específicamente en la educación privada será en condiciones que aún no están claras. Es costumbre en la práctica jurídica, realizar aclaraciones vía reglamentaria, sin embargo, se echa de menos una técnica legislativa congruente y resulta imperativo resolver las contradicciones en el proyecto de ley. Aun así, debido al complejo trámite legislativo, es poco probable que las disposiciones contenidas en el proyecto se encuentren en vigencia para la entrada a clases del ciclo lectivo 2019. Finalmente, aunque se debe hacer consciencia de la urgente necesidad de solventar las arcas estatales, también existe en nuestro marco jurídico un mandato constitucional que establece que la iniciativa privada en materia educacional merece el estímulo del Estado (art 80 de la Constitución Política) y la redacción actual entrevé peligros que no se deberían obviar.

La reforma fiscal y la educación privada

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